En un movimiento que sacude el panorama diplomático europeo, Suiza ha decidido actualizar la lista de allegados del oficialismo venezolano cuyos bienes mantenía bloqueados, excluyendo de la medida a Marleny Contreras (esposa de Diosdado Cabello) y al diputado Jorge Arreaza.
La modificación, avalada por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE), entró en vigor a las nueve de la mañana, hora local, y marca la salida de dos fichas de peso dentro de la estructura chavista.
Fuentes a El Pais, revelaron que la decisión de Berna responde a una revisión interna en la que se constató que ninguno de los dos sancionados posee bienes en territorio suizo, ni existen indicios reales de hechos de corrupción vinculados a su jurisdicción.
En el seno del Ejecutivo suizo se asume, por tanto, que su inclusión inicial a comienzos de año constituyó un error de cálculo y de comprobación preventiva, lo que ha generado lecturas encontradas en el tablero político internacional, especialmente cuando se cruza con flexibilizaciones recientes en Washington hacia otros actores de la cúpula venezolana.
Este episodio deja en evidencia una debilidad recurrente en los mecanismos de los organismos internacionales y las potencias occidentales: la imposición de alertas financieras y bloqueos patrimoniales que, en ocasiones, se emiten sin el respaldo probatorio necesario o sin verificar la existencia real de activos bajo su jurisdicción.
Si bien estas medidas punitivas buscan presionar políticamente o aislar capitales presuntamente ilícitos, la ligereza con la que a veces se aplican puede restarles credibilidad jurídica y eficacia institucional.
No obstante, el paso dado por Suiza también subraya la importancia ineludible de la rectificación. Reconocer un error administrativo y enmendarlo demuestra que los controles institucionales deben basarse en evidencias tangibles y no en especulaciones políticas. En un contexto global donde las sanciones continúan siendo una herramienta central de presión diplomática, la corrección oportuna es indispensable para preservar la seguridad jurídica y la objetividad de la justicia internacional.
