Con el objetivo de mitigar el impacto financiero del colapso eléctrico sobre el sector productivo local, la organización Unión y Cambio presentó formalmente ante la Alcaldía del municipio Girardot una propuesta de ordenanza especial de alivio fiscal y transición energética municipal.
La iniciativa, expuesta por el coordinador regional en Aragua, Rodrigo Campos, busca frenar lo que catalogó como una «asfixia tributaria» sobre comerciantes e industriales, proponiendo además que este modelo de incentivos se extienda a municipios vecinos como José Félix Ribas, José Ángel Lamas y Santiago Mariño.
De acuerdo con el diagnóstico técnico que acompaña al proyecto, los cortes de luz en Maracay registran un promedio de 6 horas y 25 minutos continuos. Esta situación genera un daño estimado de entre 1,9 y 2,7 millones de dólares por cada jornada crítica en el circuito económico municipal, desglosado de la siguiente manera:
Más de $1,15 millones por salarios u horas inactivas, unos $220.000 en inventarios perecederos de panaderías, carnicerías y farmacias y cerca de $525.000 en alimentos descompuestos en más de 186.000 hogares.
“Se están perdiendo cada día por cada apagón alrededor de dos millones de dólares. El grueso está en el sector productivo, en el comercio y en la industria”, denunció Campos.
Para aminorar las pérdidas, el proyecto plantea otorgar descuentos en el pago de impuestos municipales a aquellos comercios e industrias que financien sus propios sistemas alternativos de energía:
Deducción del 40% para quienes adquieran e instalen plantas eléctricas.
Deducción del 60% para inversiones en paneles solares y energías limpias.
Para evitar un déficit en las arcas locales, la propuesta contempla que el beneficio se aplique de manera diferida a lo largo de año y medio —sin exceder el 30 % del tributo por período—, representando un impacto del 5,25 % en la recaudación del Servicio Autónomo de Tributación Municipal (SATRIM).
Durante la entrega del documento, Campos criticó la postura de la administración local frente a la contingencia y exigió al alcalde Rafael Morales sustituir las exigencias de «resistencia» por políticas concretas de fomento productivo.
Asimismo, sugirió gestionar fondos de resiliencia e infraestructura sostenible ante organismos multilaterales como el Banco Mundial, la CAF y el BID, e instó a conformar una mesa de trabajo técnica entre la municipalidad, la Cámara de Comercio y Corpoindustria.
Tras la entrega formal del proyecto, representantes de la organización mantuvieron un primer contacto con voceros del Concejo Municipal de Girardot para acordar la revisión técnica y jurídica de la propuesta.
