Parlamento venezolano aprobó por unanimidad una reforma de 119 artículos que permite la participación privada y municipal en distintas actividades del sector, bajo regulación estatal y con tarifas que contemplan subsidios.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes, en segunda discusión y por votación unánime, la reforma parcial de la Ley Orgánica del Servicio y Sistema Eléctrico. El nuevo marco legal abre la posibilidad de que empresas privadas y gobiernos municipales participen en actividades del sector, especialmente en la generación y autogeneración de electricidad.
La reforma, compuesta por 119 artículos, busca ampliar la oferta energética mediante inversiones y proyectos de autogeneración para empresas, industrias y centros comerciales. También establece la participación privada en generación, transmisión, distribución y comercialización de energía, dentro de un modelo mixto y bajo regulación pública.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sostuvo que la ley no supone la privatización del sistema eléctrico nacional. Según explicó, su propósito es permitir que actores privados se incorporen a la generación y puedan realizar transacciones comerciales con la electricidad producida.
«El Estado mantiene la obligación permanente de atender la prestación del servicio de energía eléctrica, pero también puede entrar un privado», afirmó Rodríguez. Entre las opciones previstas, mencionó la instalación de plantas de generación y la importación de electricidad desde países vecinos para suministrarla a usuarios, conforme a las tarifas establecidas por la ley.
La reforma crea una superintendencia encargada de regular aspectos vinculados con la prestación del servicio, la autogeneración y las tarifas. El organismo también tendrá funciones de supervisión para procurar que la incorporación de nuevos participantes no perjudique la red de distribución.
El instrumento incluye, además, un régimen sancionatorio para los actores públicos o privados que incumplan las condiciones de sus contratos o cuyas acciones afecten la distribución de energía.
Rodríguez destacó que la regulación busca ordenar la participación de los distintos operadores y establecer responsabilidades dentro del sistema eléctrico.
Otro de los puntos anunciados por el presidente de la Asamblea es que las tarifas estarán indexadas a la moneda de mayor valor en el país. Sin embargo, la ley también contempla un esquema de subsidios, cuyo desarrollo quedará en manos del reglamento correspondiente y de la superintendencia.
Rodríguez señaló que los subsidios estarían dirigidos especialmente a las personas que, por su nivel de ingresos, no puedan cubrir una tarifa plena.
La sanción de la reforma se produjo después de un proceso de consultas y cuatro sesiones parlamentarias celebradas los días 22 de octubre, 3 y 5 de noviembre, y este martes 11 de noviembre. El Gobierno de Delcy Rodríguez ha presentado los cambios como una vía para ampliar la prestación del servicio y facilitar inversiones en el sector.
Aunque la reforma establece nuevas oportunidades para la participación privada y municipal, el Estado conserva la responsabilidad de garantizar el servicio eléctrico. Su aplicación dependerá ahora de la reglamentación y de la puesta en marcha de las instancias de supervisión contempladas en la ley.
