La Audiencia Nacional de España inició diligencias previas contra Luisa Ortega Díaz y Miguel Ramírez Torres, exfiscal general y ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz durante la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez, respectivamente, por presuntos delitos de lesa humanidad y torturas
Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, pidió a la Fiscalía emitir un informe que determine si es competente para investigar la responsabilidad que Dulce Bravo, opositora venezolana de 57 años refugiada en Argentina desde 2013, achaca a los dos exaltos cargos del chavismo, ambos asilados en España.
La querella, interpuesta el pasado lunes 5 por los abogados Javier Peiró y Ricardo Miracle en nombre de la migrante venezolana Duce Bravo fue registrada por los abogados de la Unión de la Resistencia de Venezolanos en el Exilio (Urvex), según publicó este martes 6 de mayo el medio español The Objective.
El documento destaca que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.
El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias también se adherirá al escrito, que señala a Ortega Díaz y Rodríguez Torres que abandonaron Venezuela tras criticar el gobierno de Nicolás Maduro.
Los letrados sostienen que ambos habrían incurrido en “conductas susceptibles de tener encaje en el tipo de lesa humanidad” previstas en el artículo 607 del Código Penal, así como en los delitos de tortura y contra la integridad moral que establece la misma norma entre los artículos 174 y 177.
Peiró sostiene que la Audiencia Nacional, en virtud al principio de justicia universal, es competente para investigar a los querellados porque ambos residen en España, opinión que comparte Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, para quien esta querella tiene “una importancia extraordinaria” porque se dirige contra dos chavistas que viven en Madrid “con la protección del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska”.
Miracle se muestra optimista porque el escrito incluye pruebas directas gracias al testimonio de Bravo.
Luis Ortiz, presidente de Urvex, considera que los querellados son responsables “de todas las atrocidades”.
Ortega Díaz fue fiscal general entre diciembre de 2007 y agosto de 2017, cuando fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente. Tras refugiarse en Colombia, solicitó asiló en España en octubre de 2021.
Rodríguez Torres fue ministro de Relaciones, Interiores, Justicia y Paz entre 2013 y 2014 y director de la agencia de inteligencia en tres periodos diferentes. Fue arrestado en marzo de 2018 tras su desacuerdo con Maduro. Cinco años más tarde se trasladó a Madrid.
Con información de The Objective.
