El gobierno de Donald Trump instó este jueves 8 de mayo al Tribunal Supremo de Estados Unidos que le permita poner fin al “parole” humanitario que permite a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos.
La apelación de emergencia es la más reciente en llegar a la Corte por parte de la administración Trump en sus intentos por hacer retroceder las órdenes de tribunales inferiores que bloquean la agenda de inmigración del mandatario republicano.
En su apelación, el Departamento de Justicia describió su decisión de revocar el programa de permanencia temporal del gobierno de Joe Biden como “una de las decisiones de política de inmigración más consecuentes de la administración”.
Las órdenes de tribunales inferiores que bloquean temporalmente ese esfuerzo trastornaron “políticas de inmigración críticas que están cuidadosamente calibradas para disuadir la entrada ilegal, viciando prerrogativas centrales del poder ejecutivo y deshaciendo políticas democráticamente aprobadas que tuvieron un gran protagonismo en las elecciones de noviembre”, señaló el gobierno al alto tribunal.
El “parole” permite a los migrantes de esos cuatros países que tengan un patrocinador estadounidense permanecer en EEUU y trabajar durante un máximo de dos años.
Les permitió a estos extranjeros, que no hubieran entrado ilegalmente en el país después de 2022, pasar los controles de seguridad.
Las trabas
Trump firmó un decreto en su primer día en el cargo para poner fin al referido programa.
Después de que un grupo de demandantes que se beneficipó del programa interpuso una demanda, la jueza de distrito Indira Talwani bloqueó temporalmente el intento del gobierno de poner fin al “parole” en su totalidad.
La administración aún podría ponerle fin después de una revisión caso por caso.
Por su parte. un tribunal federal de apelaciones de Boston se negó a bloquear la orden temporal de Talwani antes de este mes. El litigio podría afectar a más de 500.000 personas.
La orden de un panel de tres jueces –dos designados por el expresidente Biden y un tercero nombrado por el expresidente Barack Obama– expresaba escepticismo en cuanto a que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tuviera potestad para poner fin categóricamente al programa de permanencia temporal para migrantes.
Los tribunales federales aún no están decidiendo la cuestión de si Trump puede poner fin al programa de forma generalizada en cuanto al fondo, solo qué ocurre con los migrantes mientras los tribunales estudian esa cuestión.
El gobierno dijo al Tribunal Supremo que las personas que se benefician del programa “aceptaron el ‘parole’ con plena conciencia de que el beneficio era temporal, discrecional y revocable en cualquier momento”.
Con información de CNN en español
