Grupos internacionales de Derechos Humanos (DDHH) presentaron este viernes 9 de mayo una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitándole que ordene al gobierno de El Salvador liberar a los más de 200 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos y retenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
“A estas personas se les ha separado de sus familias y se les ha sometido a un régimen de desaparición forzada patrocinado por el Estado, lo cual es completamente ilegal”, señaló Bella Mosselmans, directora del Consejo Global de Litigios Estratégicos, quien ayudó a presentar la demanda.
Las organizaciones de DDHH, entre las que se cuentan también la Clínica Internacional de DDHH de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, el Centro de Estudios de Género y Refugiados y Robert F. Kennedy Human Rights, esperan que la CIDH, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), acepte esta petición de emergencia.
Presentaron el caso en nombre de las familias de 18 de los hombres enviados a la cárcel de máxima seguridad del país centroamericano. Ellos proporcionaron declaraciones juradas sobre sus casos.
Algunos de los hombres tenían solicitudes de asilo pendientes en EEUU, otros habían sido evaluados y aprobados para el reasentamiento de refugiados por el gobierno estadounidense y otros tenían estatus de protección temporal que les permitía trabajar en Estados Unidos, según la demanda.
Los grupos solicitan a la CIDH que ordene medidas cautelares, básicamente una acción de emergencia para prevenir daños irreparables. Entre ellas se encuentran que puedan comunicarse con sus familiares, acceder a asesoría legal y regresar a Estados Unidos.
La comisión buscará una respuesta del gobierno de Nayib Bukele antes de tomar una decisión, pero se espera que actúe rápidamente.
El pasado marzo, el gobierno de Trump deportó a más de 200 inmigrantes venezolanos, presuntamente vinculados a “Tren de Aragua”, a El Salvador, pagando al gobierno salvadoreño para encarcelarlos.
Desde entonces, no han tenido acceso a abogados ni la posibilidad de comunicarse con familiares. Los gobiernos de EEUU y El Salvador no han explicado cómo los detenidos podrían eventualmente recuperar su libertad.
Aunque tanto el gobierno venezolano como las organizaciones no gubernamentales han presentado peticiones de hábeas corpus, básicamente obligando al gobierno a demostrar que la detención de alguien estaba justificada, en los tribunales de El Salvador, ninguna avanza aún.
Con información de AP
