Una funcionaria del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) afirmó que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, «gestiona personalmente» el regreso del joven venezolano Daniel Lozano Camargo enviado por error al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador.
La información se desprende de un documento presentado este lunes 2 de junio en corte el caso del connacional, a quien a quien el gobierno de Donald Trump identifica con el alias Cristian, cuyo retorno a país norteamericano fue ordenado por una jueza federal de Maryland, según publicó Telemundo.
Según Melissa Harper, nueva subdirectora ejecutiva adjunta de Operaciones de Ejecución y Expulsión (ERO, en inglés) de ICE, el jefe de la diplomacia estadounidense está al frente de las conversaciones con el gobierno de Nayib Bukele y «realiza esfuerzos rápidos y diligentes» para cumplir con la orden judicial.
«El secretario Rubio mantiene una relación personal con el presidente Bukele y con altos funcionarios del gobierno salvadoreño que se remonta a más de una década, cuando el secretario formaba parte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado», indicó la funcionaria.
Añadió que, «basándose en esta profunda experiencia con El Salvador y en su familiaridad con las sensibilidades políticas y diplomáticas de ese país, el secretario está gestionando personalmente las conversaciones con el gobierno de El Salvador en relación con las personas sujetas a la orden judicial detenidas en El Salvador», añadió.
El pasado 24 de abril, la jueza Stephanie Gallagher le ordenó al gobierno de Trump que facilitara el regreso de Lozano Camargo, quien fue deportado el 15 de marzo al país centroamericano y llevado su cárcel de máxima seguridad, sobre la base de que su deportación violaba un acuerdo judicial que prohibía su expulsión, a la espera de que se resolviera su caso de asilo.
El connacional forma parte de una demanda colectiva presentada en 2019 en nombre de personas que arribaron a EEUU como menores no acompañados y luego pidieron permanecer en el país, mientras sus solicitudes de asilo eran analizadas en cortes migratorias.
Un acuerdo alcanzado entre las partes en 2024 estableció que no podían ser deportados hasta concluir ese proceso.
Con información de Telemundo.
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