Una jueza federal de Estados Unidos ordenó el jueves el cierre, en un plazo de 60 días, del centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, ubicado al oeste de Miami. Pero el gobierno de Florida anunció que apelará la medida y que las deportaciones continuarán.
La decisión la emitió la jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, tras una demanda presentada por grupos ambientalistas como Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, junto a la tribu indígena Miccosukee.
El tribunal consideró que la instalación, levantada en medio de los Everglades, afecta gravemente el ecosistema donde habitan 36 especies amenazadas. Entre ellas panteras, caimanes, cocodrilos y cigüeñas.
El fallo prohíbe el ingreso de nuevos migrantes y cualquier expansión de infraestructura, como la construcción de dormitorios, cercados, oficinas o pavimentación del área.
El fiscal general del estado, James Uthmeier, a través de su vocero Jeremy Redfern, acusó a la jueza de “excederse en su autoridad”. Y anunció que apelarán el fallo.
Por su parte, Alex Lanfranconi, director de comunicaciones de DeSantis, aseguró que “las deportaciones continuarán desde el lugar hasta que la moral mejore”.
Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, calificó el fallo como “una victoria para los Everglades y para todos los estadounidenses que creen que las especies en peligro deben protegerse, no explotarse”.
No obstante, esta batalla legal está lejos de concluir. El equipo de DeSantis cuestiona la legitimidad de Williams, nominada en 2011 por el expresidente Barack Obama, y ya anticipa una larga disputa judicial.
Con información de El Nacional