Caracas.- En la llamada «Pequeña Venezuela» de Miami, la comunidad de venezolanos más grande de Estados Unidos, los ciudadanos se encuentran a la expectativa por el posible fin de progamas federales que permiten su estancia legal en ese país, mientras que el presidente Donald Trump arrecia su política antiinmigrante.
Desde principios de febrero, el gobierno de Trump ha puesto fin a dos programas federales que juntos permitieron a más de 700.000 venezolanos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, al igual que cientos de miles de cubanos, haitianos y nicaragüenses.
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Aunque de momento la Justicia estadounidense a evitado que la Administración de Trump ponga fin al Estatus de Protección Temporal (TPS), miles de venezolanos en el Doral, una ciudad de 80.000 personas en Miami, teme que estos esfuerzos fracasen. De perder las protecciones, tendrían que permanecer ilegalmente en Estados Unidos con el riesgo de ser deportados o regresar a casa, una ruta poco probable dada la agitación política y económica en Venezuela.
El Doral, hogar miles de venezolanos en Miami
El español es más común que el inglés en los centros comerciales a lo largo de las amplias avenidas de Doral, y los venezolanos sienten que están de vuelta en casa pero con más seguridad y comodidad, reseña AP.
Wilmer Escaray, quien dejó Venezuela en 2007, trabajó muy duro a su llegada a Estados Unidos y ahora tiene una docena de negocios, locales en los que contrata en su mayoría a migrantes que buscan una oportunidad para progresar. Casi todos sus 150 empleados son venezolanos y más de 100 están amparados por el TPS.
Un juez federal ordenó el 31 de marzo que el estatus de protección temporal se mantuviera hasta la próxima etapa del proceso de impugnación en la corte y al menos 350.000 venezolanos se salvaron temporalmente de perder su autorización para estar en el país.
Por su parte, otro programa federal de inmigración que permitió a más de 500.000 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos —el permiso humanitario para permanecer en el país— expira el 24 de abril a menos que haya una intervención judicial.
Con información de El Nacional
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