En una decisión que marca un significativo viraje en la política exterior del país, el Gobierno colombiano formalizó su retiro de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition – ERC), el principal mecanismo multilateral intergubernamental dedicado a promover la protección y los derechos de las personas LGBTIQ+ a nivel global.
Colombia compartía con el Reino de España la copresidencia de esta instancia internacional para el periodo 2025–2027, encargo que ha quedado interrumpido de manera anticipada tras la comunicación oficial cursada por las autoridades diplomáticas colombianas.
Mediante una nota enviada al Comité Ejecutivo de la ERC y al Gobierno de España, el Ministerio de Relaciones Exteriores notificó la salida con efecto inmediato.
Aunque en la comunicación diplomática inicial no se profundizaron los motivos del retiro, fuentes gubernamentales indicaron que la participación en dicho espacio dejó de considerarse una prioridad dentro de la agenda exterior. Pese a ello, la Cancillería extendió un agradecimiento formal a su contraparte:
«El Gobierno colombiano agradece de manera muy especial al Gobierno del Honorable Reino de España, así como a los representantes de la sociedad civil española y colombiana, por el trabajo conjunto adelantado durante el ejercicio de la copresidencia compartida».
Desde el Ejecutivo se aseguró que esta determinación no supondrá una afectación a los derechos de las minorías en el ámbito interno.
La Corporación Caribe Afirmativo, una de las principales organizaciones defensoras de la diversidad sexual y de género en el país, emitió un fuerte pronunciamiento en el que denunció que esta salida representa un desaire a la comunidad internacional y un retroceso preocupante.
Wilson Castañeda, director de la entidad, advirtió que la adhesión de Colombia al bloque tomó casi una década de articulación con distintos Gobiernos y lamentó que la retirada se tomara de forma intempestiva y sin previa consulta con las organizaciones sociales:
«En tan solo 30 días, Colombia pasó de ocupar un lugar de liderazgo internacional en la defensa de los derechos LGBTIQ+ a abandonar, antes de tiempo, una responsabilidad que había asumido ante otros Estados y ante la sociedad civil internacional», señaló la organización en su comunicado.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia enfatizó que la protección a la diversidad no puede depender del sesgo o la corriente política de turno:
«Los derechos humanos no pertenecen a ninguna ideología, partido ni expresión política. Son derechos reconocidos constitucional e internacionalmente», recordó la entidad constitucional, subrayando que el Estado colombiano mantiene la obligación ineludible de garantizar la igualdad y no discriminación de las poblaciones históricamente excluidas.
