La excandidata presidencial y referente del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, afronta una medida de prisión preventiva en el Centro de Privación de Libertad de la provincia de Chimborazo, en Riobamba. Su detención se ejecutó en el marco del denominado caso Laberinto, una investigación impulsada por la Fiscalía General del Estado por presunto lavado de activos que indaga supuestas inconsistencias en el origen y manejo de los recursos destinados al financiamiento publicitario de su campaña presidencial. Desde que se dispuso la captura, diversos sectores y su equipo legal han cuestionado la falta de transparencia del expediente y el uso desproporcionado de la prisión cautelar en un proceso que inicialmente fue declarado confidencial.
Durante la audiencia de hábeas corpus celebrada este jueves, la excandidata asumió su defensa ante el tribunal para sostener la ilegalidad y arbitrariedad de la medida que mantiene restringida su libertad. En su alegato, denunció directamente la naturaleza del proceso al afirmar: «Hoy me toca a mí ser detenida por una acusación absurda, sin pruebas y bajo un esquema judicial que vulnera mis derechos fundamentales».
En su intervención, enfatizó además la inexistencia de un riesgo de fuga que justifique su reclusión, remarcando que siempre ha estado dispuesta a colaborar de manera directa con las investigaciones y recordando las responsabilidades familiares que dependen de ella.
El desarrollo de este juzgamiento expone una grave distorsión en la aplicación de la justicia, donde la prisión preventiva se ha convertido en un mecanismo de sanción anticipada contra figuras políticas de contrapeso. La instrumentalización de causas de índole financiera para limitar derechos civiles, sumada al soslayamiento del debido proceso, deja al descubierto una clara persecución judicial. Este escenario debilita las garantías democráticas del país y consolida una abierta injusticia al pretender dirimir disputas políticas mediante la privación de libertad.
