Los abogados que impugnan el encarcelamiento en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, de 238 venezolanos deportados por Estados Unidos acusaron al gobierno de Nayib Bukele de negarles el acceso a los presos, así como el contacto con el mundo exterior.
Los connacionales permanecen en la prisión más grande de América Latina desde el pasado marzo, tras el acuerdo de la administración de Donald Trump con el gobierno salvadoreño, como parte de una ofensiva contra la inmigración.
Los juristas denunciaron que no han podido visitar, hablar ni conocer el paradero y las condiciones de sus clientes, cuyas identidades han obtenido a través de información filtrada.
Abogados privados, algunos reclutados por el gobierno de Nicolás Maduro y todos pagados por las familias, presentaron recursos de habeas corpus ante la Corte Suprema del país centroamericano, buscando obligar al gobierno a justificar la detención de los venezolanos deportados o liberarlos.
El bufete de abogados Grupo Ortega, que representa a al menos 30 de los connacionales deportados, no ha recibido respuesta a ninguna de esas peticiones, aseveró Jaime Ortega, su director general.
«Ninguna de estas personas ha cometido delito en El Salvador, de eso sí estamos seguros, entonces, ¿por qué si son extranjeros y son gente que ha vivido en otros países han venido acá directamente a un centro penitenciario? Consideramos que no deben de estar en ese lugar», declaró Ortega.
Con información de Reuters
