Defensores de los inmigrantes condenaron este viernes 30 de mayo la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de permitir al gobierno de Donald Trump poner fin a la protección legal temporal para más de medio millón de inmigrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Las organizaciones calificaron el fallo, que dejó sin efecto una orden temporal de una juez federal que consideró que la Casa Blanca no podía anular el llamado «parole humanitario» concedido por el gobierno de Joe Biden, como «la mayor deslegalización» migratoria en la historia moderna del país.
Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema es temporal y el litigio legal deberá continuar en un tribunal federal de Massachusetts.
Karen Tumlin, directora de Justice Action Center, declaró en un comunicado que la decisión representa «la mayor deslegalización de este tipo en la era moderna».
«La Corte Suprema ha permitido que la Administración Trump desate un caos generalizado, no solo para nuestros clientes y los miembros de la demanda colectiva, sino también para sus familias, sus lugares de trabajo y sus comunidades», agregó la activista.
Por su parte, Guerline Jozef, directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, destacó que la población afectada, la mayoría residente del sur de Florida, ha hecho todo lo que el gobierno federal les ha pedido, ya que ingresaron de forma legal al país con un permiso de estancia legal de dos años.
Anwen Hughes, directora de Estrategia Legal de Programas para Refugiados de Human Rights First, advirtió que la postura de los demandantes sigue siendo la misma: «la Administración Trump está actuando de forma arbitraria e ilegal para intentar revocar masivamente el estatus legal de medio millón de personas, y no lo toleraremos», por lo que se proseguirá con la demanda.
Con información de EFE.
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