El colapso ocurrió en una explotación a cielo abierto del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en una zona afectada por la minería ilegal y la presencia de grupos armados.
Al menos catorce personas murieron y otras siete resultaron heridas tras el derrumbe de una mina de oro a cielo abierto en el suroeste de Colombia, informaron el lunes las autoridades locales.
La emergencia se registró en una zona rural de Santa Bárbara de Iscuandé, en el departamento de Nariño. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, habitantes de la zona y equipos de rescate recuperaron a las víctimas con ayuda de retroexcavadoras.
El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, lamentó la tragedia y señaló que entre las víctimas hay familias enteras. “Hay familias enteras que han perdido la vida en este lamentable hecho que nos llena de mucho pesar”, afirmó en un comunicado.
El accidente ocurrió en una región donde operan grupos armados ilegales que se disputan el control territorial. Nariño es también uno de los departamentos más afectados por la minería ilegal, de acuerdo con las autoridades. En agosto, un derrumbe similar en esa misma región dejó trece personas muertas.
La minería informal y sin regulación es frecuente en zonas rurales de Colombia, donde muchas explotaciones carecen de condiciones adecuadas de seguridad. La falta de infraestructura y controles hace que los accidentes mortales sean recurrentes.
La extracción ilegal de oro y el narcotráfico figuran entre las principales fuentes de financiación de guerrillas y bandas criminales, según fuentes de seguridad. La expansión de esta actividad también queda reflejada en un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Gobierno colombiano: la superficie dedicada a la explotación de oro de aluvión aumentó un 4,5 % en 2025, hasta alcanzar un récord de 118.410 hectáreas. El crecimiento se concentró, en particular, en territorios de comunidades negras.
La tragedia vuelve a poner de relieve los riesgos que enfrentan quienes trabajan en explotaciones mineras precarias, especialmente en regiones donde la actividad ilegal y el conflicto armado dificultan la presencia de controles y medidas de protección.
