Estados Unidos ha comenzado a enviar a migrantes pertenecientes a la comunidad LGBTQ a terceros países donde la diversidad sexual es perseguida y castigada, según una investigación difundida por CNN en Español.
El informe pone en evidencia una estrategia de deportación que traslada a personas vulnerables a naciones con las que no poseen vínculo alguno y donde su vida e integridad física corren peligro constante.
El caso de Aylin:
Entre las historias
documentadas por el medio se encuentra la de Aylin (nombre protegido por seguridad), una joven turca de 28 años que buscó refugio en suelo estadounidense tras huir de amenazas de muerte motivadas por su orientación sexual. Aunque la justicia migratoria de EE.UU le había reconocido el riesgo de volver a Turquía y ordenó suspender su deportación a ese país, la administración la trasladó a la República Centroafricana tras mantenerla retenida durante un año y medio.
«Tengo mucho miedo. Quiero salir, porque soy humana. Pero no puedo salir de aquí», relató Aylin a CNN desde Bangui, la capital centroafricana.
Al recordar las razones por las cuales cruzó fronteras buscando asilo, la joven expresó la sencillez de sus aspiraciones:
«Solo quería ser libre. Vivir mi vida como quiero, respirar hondo. Tener amigos… Una buena familia. Mi propia familia. Justicia».
Hoy, acorralada por el rechazo social en la nación africana, sopesa si el riesgo de volver a su país de origen es menor al que vive actualmente:
«Espero que las cosas hayan cambiado para las personas como yo en Turquía… Pero tengo mucho miedo. En verdad, tengo mucho miedo».
El reportaje de CNN hace hincapié en el clima de violencia e intolerancia que rodea a estos migrantes al llegar a destinos desconocidos. Entrevistas realizadas por la cadena periodística en las calles de Bangui muestran el nivel de desamparo que enfrentan:
«No nos gustan. Deberían ser ejecutados», opinó un transeúnte centroafricano al ser interrogado por los reporteros sobre la comunidad LGBTQ.
«No queremos que vivan», aseveró otro habitante local, exigiendo la intervención de las autoridades en contra de este colectivo.
Consultados por la cadena internacional, voceros del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) defendieron las deportaciones argumentando el cumplimiento irrestricto de los dictámenes judiciales de expulsión:
«Si un juez determina que un inmigrante no tiene derecho a permanecer en este país, procederemos a removerlo. Punto final», manifestaron voceros oficiales sobre la postura institucional del gobierno estadounidense.
