El mandatario fue hallado culpable de “mal desempeño de funciones” en un juicio político realizado en su ausencia, profundizando la crisis institucional que atraviesa el país
En una jornada que marca un antes y un después en la política paraguaya, la Cámara Alta del Congreso destituyó este viernes a Santiago Peña de la presidencia de la República. La decisión fue tomada tras un juicio político en el que el mandatario fue declarado culpable de “mal desempeño de funciones”, un desenlace que se precipitó en medio de la grave crisis desatada por la intervención de Ueno Bank.
El proceso de destitución se llevó a cabo en ausencia del presidente, quien previamente había solicitado una prórroga de 72 horas para preparar su defensa. Peña argumentó que el plazo inicial de menos de 12 horas era “insuficiente” para examinar los expedientes y garantizar el debido proceso. Sin embargo, el Senado desestimó el pedido y procedió con la votación que terminó por removerlo del cargo.
La situación se tornó aún más tensa debido a un limbo constitucional: aunque Peña presentó su dimisión formal el pasado 5 de noviembre, esta nunca pudo ser debatida ni aceptada por el Congreso, debido a que la sesión conjunta citada para tal fin fracasó por falta de cuórum. Como resultado, el mandatario se mantuvo en funciones hasta el momento de su remoción definitiva por parte de los legisladores.
El origen de esta crisis se encuentra en la intervención de la entidad financiera Ueno Bank, una medida que afectó directamente a unos tres millones de ciudadanos. Las imputaciones presentadas por el Legislativo señalan la existencia de graves conflictos de intereses, así como diversas irregularidades vinculadas a la gestión de recursos previsionales y a los estrechos vínculos que el ahora exmandatario mantenía con la entidad bancaria.
Este escenario deja a Paraguay en una etapa de incertidumbre política, mientras el país intenta procesar las consecuencias de una crisis financiera que ha terminado por derribar a su jefe de Estado.
