La incertidumbre rodea las recientes discusiones sobre el futuro laboral en el sector público venezolano. Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), rompió el silencio esta semana para aclarar que, hasta la fecha, la dirigencia sindical no ha recibido ninguna propuesta formal sobre mejoras socioeconómicas derivadas de la mesa de diálogo nacional.
En declaraciones ofrecidas al programa 2+2 de Unión Radio, Suárez fue enfático al advertir que cualquier iniciativa legislativa, incluyendo la denominada «Ley de Consensos», debe pasar obligatoriamente por un filtro de evaluación técnica rigurosa. Según el dirigente, no se trata solo de proponer cambios, sino de sustentar cualquier modificación con estudios detallados de las escalas salariales actuales.
Uno de los puntos más sensibles de la intervención de Suárez fue la postura inamovible de los trabajadores frente a sus conquistas laborales. A pesar del impacto de la inflación y la devaluación que ha mermado el poder adquisitivo, el representante de Fedeunep dejó claro que el sector público no está dispuesto a entregar beneficios vigentes.
«Cualquier propuesta tiene que presentarse a la mesa para ser evaluada por los actores sociales. Los trabajadores no están dispuestos a ceder un beneficio que, aunque esté devaluado, existe y es un derecho», sentenció Suárez, subrayando que la estabilidad de los trabajadores no debe ser moneda de cambio en las negociaciones.
El líder sindical desglosó además las complejidades que dificultan una reestructuración inmediata del ingreso en la nómina estatal. De acuerdo con su análisis, los obstáculos principales residen en la alta incidencia presupuestaria que representan las pensiones, los tabuladores, la retroactividad de los beneficios y las prestaciones sociales acumuladas a lo largo de los años.
Para Fedeunep, el camino a seguir es claro: tanto el empleador público como el privado deben abandonar la improvisación y presentar proyectos formales. Estos documentos deben estar respaldados por estudios actuariales y financieros sólidos que permitan un debate real. Solo así, insiste Suárez, las organizaciones sindicales podrán evaluar y ajustar las propuestas antes de que lleguen a instancias parlamentarias, garantizando que el bienestar del trabajador sea el eje central de cualquier decisión.
