El sistema judicial estadounidense ha marcado un nuevo hito en el proceso contra el depuesto mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. El juez federal Alvin Hellerstein ha convocado a una audiencia crucial para este jueves 15 de octubre a las 11:00 horas (15:00 GMT), en la cual ambos deberán responder ante los nuevos y graves cargos presentados por la Fiscalía de los Estados Unidos.
La acusación, actualizada la pasada semana, añade un escalón más en la complejidad del caso: la Fiscalía ha imputado formalmente a la pareja por conspiración para cometer actos de tortura. Según el documento judicial, el régimen encabezado por Maduro habría implementado una estrategia sistemática de represión y violencia física contra opositores políticos, militares y ciudadanos extranjeros, entre los que se incluyen tres personas de nacionalidad estadounidense.
El pliego acusatorio no se limita a los actos de tortura. Las autoridades estadounidenses han extendido la imputación por narcoterrorismo —ñque previamente recaía exclusivamente sobre Maduro hacia Cilia Flores. Ambos enfrentan ahora acusaciones conjuntas por conspiración para la importación de cocaína en territorio estadounidense, así como por la posesión y conspiración para el uso de ametralladoras y artefactos destructivos.
La tesis de la Fiscalía sostiene que la pareja utilizó el tráfico de estupefacientes como una herramienta para dotar de valor económico a organizaciones vinculadas con actividades terroristas, consolidando así el control del poder mediante el financiamiento ilícito.
Desde su captura por fuerzas estadounidenses en Caracas el pasado 3 de enero y su posterior traslado a Nueva York, Maduro y Flores permanecen bajo custodia. La audiencia de este jueves servirá como lectura formal de los nuevos cargos, un momento en el que los acusados podrán ejercer su derecho a declararse culpables o inocentes.
El calendario judicial ya tiene hitos marcados: para el 17 de noviembre, el juez Hellerstein tiene previsto evaluar una solicitud de la defensa que busca desestimar el caso bajo el argumento de inmunidad soberana. La Fiscalía, por su parte, ya ha manifestado su oposición formal a este recurso. Mientras el magistrado delibera sobre este punto clave, el juicio principal se mantiene programado para junio de 2027.
