Este viernes, el exrepresentante estadounidense David Rivera fue condenado a 10 años de prisión federal, poniendo punto final a un sonado caso judicial que destapó una red de cabildeo secreto valorada en 50 millones de dólares durante la administración de Donald Trump.
La sentencia, dictada en un tribunal federal del centro de Miami, llega tras un proceso judicial de siete semanas que concluyó en mayo con un veredicto unánime de culpabilidad. Rivera, excongresista por Florida y conocido por sus estrechos vínculos políticos con figuras de alto perfil, como el secretario de Estado Marco Rubio, permanecía bajo custodia federal sin derecho a fianza desde que se conoció el fallo del jurado.
De acuerdo con la acusación formal revelada en 2022, Rivera y la consultora política Esther Nuhfer —quien también fue declarada culpable de todos los cargos— operaron bajo las sombras entre 2017 y 2018. Según los fiscales, ambos fueron reclutados por la entonces canciller venezolana, Delcy Rodríguez, con el objetivo de utilizar la influencia de Rivera en el Congreso para persuadir a la administración Trump de suavizar la postura estadounidense frente a Venezuela y aliviar las sanciones.
Durante el juicio, se expusieron pruebas contundentes, incluidos mensajes de un chat cifrado llamado “MIA”. En estas comunicaciones, los involucrados utilizaban un lenguaje codificado para referirse a sus actividades y a las figuras políticas que intentaban influir. Por ejemplo, Nicolás Maduro era denominado “el conductor del autobús”, mientras que el congresista Pete Sessions era “Sombrero” y Delcy Rodríguez “La dama de rojo”. Los pagos millonarios recibidos desde Caracas eran llamados “melones” y, en términos generales, la operación giraba en torno a lo que llamaban “La Luz”.
El fiscal Roger Cruz fue contundente en sus argumentos finales, señalando que, para los acusados, “mientras el dinero siguiera llegando, no les importaba de dónde venía”. La fiscalía demostró que Rivera y Nuhfer mantuvieron el acuerdo en secreto para no afectar la reputación de Rivera como un político anticomunista. Incluso, ante el escrutinio público, intentaron encubrir su rastro mediante la falsificación de documentos y la creación de contratos ficticios.
Además de la pena de prisión, el jurado determinó el decomiso de varias propiedades de Rivera situadas en Doral y los Cayos de Florida, lo que representa un duro golpe financiero.
El excongresista enfrentaba inicialmente una pena máxima de hasta 60 años de prisión y posibles sanciones por decomiso de activos de hasta 20 millones de dólares. Con esta sentencia de 10 años, el sistema judicial cierra un capítulo más de este complejo entramado de relaciones internacionales y política interna estadounidense.
