Ante la insuficiencia de los montos percibidos por concepto de bonificaciones de fin de año, dirigentes sindicales del sector público han alzado su voz para exigir que el cálculo de los aguinaldos se realice sobre la base del ingreso real del trabajador, estimado en 240 dólares mensuales, y no sobre el salario mínimo nominal, al cual califican como «simbólico».
Pablo Zambrano, representante de la Federación Nacional de la Salud (Fetrasalud), fue enfático al señalar que, si se consideran cuatro meses de aguinaldos, el monto a percibir debería ascender a 960 dólares. «Exigimos que la bonificación sea calculada en base al ingreso real que tenemos; eso es solo una vez al año», puntualizó el dirigente.
Debido a la falta de respuestas por parte de las autoridades, representantes de los sectores salud, magisterio y universitario han convocado a una asamblea nacional en la Universidad Central de Venezuela (UCV). El objetivo es definir una hoja de ruta que podría incluir la implementación de un «paro activo».
Zambrano aclaró que esta medida de presión no busca abandonar las instituciones, especialmente en el área de salud, donde la prioridad es mantener la atención a los pacientes mientras se visibiliza el conflicto laboral. «Podemos hacer protestas y pararnos unas horas, pero tenemos que hacernos sentir sin afectar a quienes necesitan el servicio», explicó.
Por su parte, Dick Guanique, dirigente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), denunció que las conversaciones entre el sector patronal y el Ejecutivo Nacional parecen orientarse hacia el otorgamiento de bonificaciones, evitando deliberadamente la discusión sobre un ajuste al salario básico.
Guanique advirtió sobre una posible pretensión del sector empleador de condicionar cualquier mejora salarial a la aprobación de una ley transitoria. Según el dirigente, esta normativa buscaría suprimir derechos fundamentales, tales como la doble indemnización, además de modificar el cálculo de las horas extras y la jornada laboral semanal.
Para el representante de la CTV, la negativa a ajustar el salario mínimo no obedece a una escasez de recursos, sino a una estrategia para evitar que los aumentos impacten el cálculo de las prestaciones sociales y otros beneficios contractuales. A pesar de esto, el movimiento sindical mantiene su postura firme: cualquier mejora es bienvenida, pero la lucha por el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución —que garantiza un salario suficiente para cubrir las necesidades básicas— sigue siendo el objetivo principal.
Con información e imagen de Bitácora Económica
