Migrantes venezolanos sujetos a ser expulsados de Estados Unidos en virtud a la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros tienen alrededor de 12 horas para decidir si quieren impugnar su deportación, de acuerdo con documentos judiciales desclasificados este jueves 24 de abril.
Según el gobierno de Donald Trump, el plazo se apega a la decisión de la Corte Suprema que le otorga a este tipo de detenidos un tiempo “razonable” para presentar una apelación.
Abogados de las personas sujetas a deportación afirman que es muy poco tiempo.
Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que representa a los migrantes, afirmó que se trata de “un giro drástico en estos casos”.
“No están proporcionando ningún tipo de información sobre cómo deberían hacerlo, cuánto tiempo tendrían para hacerlo, y 12 horas claramente no son suficientes para que puedan ponerse en contacto con un abogado y decidir qué quieren hacer y cómo deberían hacerlo”, añadió.
Al amparo de la ley de tiempos de guerra del Siglo XVIII, el gobierno ha enviado a venezolanos acusados de integrar el “Tren de Aragua hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CEECOT) en El Salvador.
Un funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) señaló en documentos judiciales que los detenidos son considerados como sujetos a deportación si no informan que quieren impugnar su expulsión del país dentro de las primeras 12 horas después de recibir un formulario sobre sus derechos legales.
Luego, tienen 24 horas para presentar documentos ante el tribunal.
Formulario público
El formulario únicamente está disponible en inglés, aunque el ICE aseguró que se les lee a las personas en un idioma que entienden. En el documento se les informa que pueden hacer una llamada telefónica, pero no dice explícitamente que pueden impugnar su deportación.
El gobierno quería presentar el documento bajo precinto, argumentando que contenía información delicada en materia de seguridad, pero un juez ordenó que se hiciera público.
La ACLU afirma que el período de tiempo viola la orden de la Corte Suprema en la que se le permitió al gobierno de Trump continuar con las deportaciones al amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros.
El máximo tribunal, sin embargo, requirió que el gobierno le diera “tiempo razonable” a los detenidos para presentar ante un juez sus argumentos de por qué no deberían ser deportados.
Con información de AP
