El Ministerio Público informó que se encuentra a la espera de que se concrete la extradición desde El Salvador a Venezuela de dos personas que están siendo solicitadas, uno de ellos exfuncionarios del CICPC que está vinculado con el caso del asesinato del rapero Tyrone González, mejor conocido como Canserbero.
Seguidamente, señaló que también se prevé que «en cualquier momento» sea extraditado un sujeto presuntamente integrante del grupo delictivo que participó en hechos negativos» en Venezuela.
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Se conoció que para este proceso la Fiscalía en conjunto con la Cancillería, enviaron una documentación requerida por el Supremo salvadoreño en la que se comprometieron a cumplir con el principio de reciprocidad, explicó el fiscal general, Tarek William Saab.
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La máxima autoridad del MP, explicó que el exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), identificado como Yonel Alejandro Toro, «apareció como uno de los deportados» recientemente desde Estados Unidos junto con más de 200 migrantes, y aseguró que están «haciendo ya las diligencias para que efectivamente concluya ese proceso de extradición».
En cuanto al otro sujeto, aclaró que este «no tiene nada que ver» con la organización criminal transnacional de origen venezolano «Tren de Aragua», grupo delincuencial que quedó extinto por las autoridades del país.
Saab explicó que esa persona se había escapado y fue detenida en El Salvador, y afirmó que el Supremo de esta nación ya «dio el aval para la extradición» y solo esperaba el envío de la documentación sobre la reciprocidad, confirma EFE.
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El fiscal espera también que esta cooperación abra «una compuerta importante» para lograr el traslado a Venezuela de los más de 200 migrantes deportados por EE.UU., y acusados de supuestamente pertenecer al Tren de Aragua-, quienes, contó el funcionario, fueron «salvaje y brutalmente detenidos y posteriormente enviados como si fuesen bestias a la cárcel más tenebrosa del mundo».
Se trata, agregó, de una «violación masiva de derechos humanos contra venezolanos que no tuvieron la oportunidad en los Estados Unidos de ser previamente procesados con un derecho a la defensa y a través de un juicio justo».
Con información de El Universal
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