El panorama político español salta por los aires. Tras un intenso fin de semana de deliberaciones en la Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria anticipada de elecciones generales para el domingo 29 de noviembre. La decisión activa de inmediato el calendario constitucional de 54 días fijado por ley desde la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta la celebración de los comicios.
Durante su comparecencia oficial para anunciar el adelanto electoral, Pedro Sánchez justificó la disolución parlamentaria ante la «imposibilidad de continuar gobernando con una mayoría de bloqueo que da la espalda a las necesidades reales de la gente».
Haciendo directa referencia al fracaso de las medidas en el Congreso y al malestar en la calle, el jefe del Ejecutivo señaló que la vivienda se ha convertido en el principal reto del país y cargó con dureza contra la oposición. «Hemos tenido que lidiar con la peor oposición de nuestra historia democrática», aseveró Sánchez, añadiendo que «no se puede gobernar cuando la oposición y ciertos socios prefieren hacer caer un Gobierno antes que proteger el derecho de millones de personas a un alquiler digno». Asimismo, el presidente hizo un llamamiento explícito a las clases medias y trabajadoras, subrayando que «debemos movilizarnos y lograr responder en las urnas» para decidir el modelo de país y el futuro habitacional de España.
El detonante directo de este movimiento político ha sido el bloqueo legislativo en el Congreso de los Diputados, donde la oposición sumada al rechazo de partidos independentistas tumbó la semana pasada los Reales Decretos-Ley de vivienda impulsados por el Ejecutivo. Sin los apoyos necesarios para sacar adelante su paquete de medidas y en clara fragilidad parlamentaria, el Gobierno ha optado por disolver las Cortes.
A la parálisis en las instituciones se le ha sumado una creciente presión social en las calles. En los últimos días, organizaciones de inquilinos y colectivos sociales han encabezado multitudinarias manifestaciones y acampadas en puntos neurálgicos como la Puerta del Sol en Madrid. La indignación ciudadana por la subida abusiva de los alquileres, la especulación en el mercado inmobiliario y las dificultades históricas para acceder a una vivienda han puesto el problema en el centro de la escena política nacional.
Ante la imposibilidad de avanzar en la Cámara Baja, el presidente busca canalizar el descontento social y convertir la cita electoral del 29 de noviembre en un plebiscito directo sobre las políticas de vivienda y el rumbo socioeconómico del país. Con la convocatoria fijada, los partidos políticos inician de inmediato una carrera electoral contrarreloj para medirse ante la ciudadanía.
